El apagón eterno de la Cañada Real

Cuando toda España salía a la calle incrédula el pasado lunes por el apagón eléctrico que afectó durante varias horas a toda la península Ibérica, Miguel y Sara disfrutaban de luz en sus casas gracias a sus paneles solares. Lo paradójico es que son dos de los vecinos de la Cañada Real, un barrio, a 14 kilómetros del centro de Madrid, que lleva cinco años sin suministro eléctrico.

Por sus calles nos guía María López, que forma parte de la plataforma cívica que se creó en torno a la Cañada. Ella se describe como una “ciudadana indignada” ante la injusticia que viven estos vecinos, no solo por la larga espera que llevan soportando para acceder a servicios básicos, sino por las presiones que siempre han sufrido para que se vayan del barrio al que pertenecen.

“Cañada Real es la antigua vía pecuaria, Cañada Real Galiana, donde empezaron a llegar personas de toda España, de Madrid, y luego de fuera, construyendo cada uno sus viviendas” en los años 50, explica la activista. Es una zona del sureste de la comunidad de Madrid pegada a Rivas Vaciamadrid que se ha ido construyendo como otras tantas ciudades según han ido llegando vecinos levantando sus casas y autogestionándose. María pone otros ejemplos en Orcasitas, Vallecas o las urbanizaciones de la sierra de Madrid, zonas que luego “se han ido regularizando por parte de la administración”, recuerda.

Sin embargo, “Cañada Real quedó atrás”. En el año 2011 se aprobó la Ley de Cañada Real Galiana en la que se señala que Cañada Real ha dejado de ser una vía pecuaria, con lo cual hay que desafectarla como dominio público y pasan a ser los terrenos de la Comunidad de Madrid. A los vecinos hay que darles una salida, según recoge ese mismo texto, escuchándoles y permitiéndoles una participación activa a través de las asociaciones vecinales.

En 2016 hubo un acuerdo programático por parte de todas las administraciones en las que se acordó dar una salida digna al barrio, facilitando suministros y servicios públicos que garanticen la ciudadanía de las vecinas y vecinos de Cañada Real. Y en 2017 todos los grupos políticos de la Comunidad de Madrid firmaron el Pacto Regional por Cañada Real Galiana, que recoge como principios básicos la participación de esos ciudadanos y garantizar su derecho a la vivienda, incluyendo servicios básicos como el suministro eléctrico o la solución habitacional en caso de afecciones urbanísticas, como ocurre con las viviendas cercanas a la vía del AVE.

Incluso el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas señaló que había que poner la luz de manera inmediata en Cañada Real porque había una emergencia humanitaria. Pero ese pacto se ha quedado en el papel. “Las vecinas y vecinos de Cañada Real nunca han tenido la tranquilidad de que es lo que va a pasar con sus viviendas. Están realmente sometidos a un acoso desde hace mucho tiempo, pero ya el 2 de octubre de 2020 se cortó el suministro en los sectores cinco y seis”, cuenta María. Y así han seguido hasta hoy las 4.500 personas, entre ellas 1.812 menores, que viven en esos sectores, según el último censo.

Miguel vive en la Cañada Real desde el año 78, por eso era uno de los pocos preparados para el gran apagón del lunes. Sus paneles solares le han abastecido ininterrumpidamente en el último mes y en el invierno, calienta sus radiadores con una caldera de gas a gasoil. “Tenemos un gobierno que debería de tomar cartas en el asunto, porque es una vergüenza”, denuncia, temiendo que pueda ocurrir “cualquier desgracia en cualquier momento”.

Son los propios vecinos quienes han autogestionado el suministro de luz en su barrio porque la administración no ha facilitado contratos a pesar de sus insistentes peticiones. “El 2 de octubre de 2020 llamaban y llamaban las vecinas y no se ponía el suministro”, cuenta María. “Un perito independiente señaló que lo que había sucedido era que Naturgy había instalado unos reconectadores que impiden el suministro eléctrico en el sector seis de manera total, y en el sector cinco estuvo mucho tiempo cortado hasta que los vecinos se pudieron organizar para que unos días lo disfrutaran unos y otros, otros”.

El pasado invierno, las familias han tenido luz en días alternos. “El barrio dividido por la mitad”, cuenta Miguel. Con la mejora del tiempo empezó a tener luz tres de cada cuatro días. La vivencia con esta situación es un regreso a los años de su juventud cuando los niños jugaban en la calle y las vecinas se ayudaban unas a otras, recuerda Miguel, criado en San Fernando de Henares, muy pegado a la Cañada, por donde veía pasar las vacas, toros y ovejas. Esa sensación de comunidad a la que algunos se asomaron por primera vez durante las horas del apagón el lunes, todavía se mantiene en la Cañada. “Es como un pueblo de hace 50 años”, asegura Miguel.

Tras el corte del suministro hace cinco años, los vecinos acudieron al Defensor del Pueblo, que ha emitido hasta tres informes en este tiempo por las “vulneraciones sistemáticas y agravadas por el tiempo de los derechos reconocidos en la Constitución española”. María denuncia que la falta de luz atenta contra el derecho a la vida y a la salud física y psicológica. “Han muerto personas en Cañada Real y también ha habido intoxicaciones muy graves”, asegura, en accidentes por la combustión de estufas o generadores eléctricos.

María denuncia además una constante criminalización de los vecinos, a los que se acusa de robar el suministro eléctrico o producir sustancias ilegales, y unas barreras que llegan también a lo físico, con “derribos selectivos de manera que dejan los escombros en una parcela cuando viven personas en la parcela de al lado”. Los desarrollos urbanísticos producen movimientos de tierras que están “enterrando en vida” a estas personas. Y el aislamiento físico de las urbanizaciones cercanas o la destrucción de sus aceras son solo algunos ejemplos de las presiones que sufren para expulsarlos de su tierra.

Sara, otra vecina, explica las dificultades que tiene para entrar en su casa cuando llueve porque renivelaron la entrada con tierra y se inunda. Recuerda el pasado invierno como el más duro de los cinco años que llevan sin luz. Ella también instaló placas solares, pero las baterías permiten tener luz solo para electrodomésticos básicos, no para calentarse. Contra el frío, siguen utilizando chimenea de leña. Sus dos hijos viven acostumbrados al frío y la humedad. “La cama, el sofá, todo está mojado”, asegura. Sus padres y su hermano, que viven abajo, están “enterrados” y sufriendo más que nadie la humedad y el humo de las chimeneas. A veces le dan ganas de irse, dice, pero no quiere arriesgarse a dejar lo único que tiene, su casa, aunque sea sin electricidad.

España recibió el pasado 26 de febrero una condena por vulnerar gravemente la Carta Social Europea. Pero las Administraciones no han tenido ningún gesto, como señala María López. Se limitan a insistir en el realojo del barrio, una expulsión a la que los vecinos se niegan.