Francisco Martínez tacha de "mera especulación" su imputación en la trama del 'hacker' y pide salir en libertad

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha presentado un recurso ante la juez de la Audiencia Nacional que le envió a prisión provisional la semana pasada por una trama de hackeo y venta de datos privados, en el que argumenta que no hay "ni un sólo elemento" que permita presumir su capacidad de destruir pruebas, como razonó la instructora. "Es mera especulación", afirma.

El escrito, al que tuvo acceso la Cadena SER, reclama la puesta en libertad porque la decisión de la juez María Tardón, dice "se basa exclusivamente en el análisis de las comunicaciones incautadas" de las que los investigadores concluyen que habría asesorado a la madre del hacker (José Luis Huertas, alias Alcasec), para destruir pruebas relevantes.

"Sin saber en qué consistió exactamente ese asesoramiento telefónico a una madre (...) es muy difícil valorar la capacidad o más bien, la 'telecapacidad' de Francisco Martínez para hacer desaparecer las evidencias digitales del presente caso", razona la defensa del que fue número 2 de Interior.

Subraya que del auto de prisión provisional no se desprende que haya "más comunicaciones" ni con la madre de Alcasec ni con otros investigados, "lo cual no deja de extrañar", puesto que la instructora razonaba que esas relaciones con el entorno del hacker eran "elevadas, continuas y prolongadas en el tiempo". "Ese mimbre no da para hacer un cesto", añade.

Incide en que, en su opinión, "no hay más 'indicio' para afirmar que D. Francisco Martínez, bien directamente, bien a través de la madre o de los amigos, tiene la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales", que se encuentran según la propia investigación, en un servidor en Suiza.

Pero también se atribuye indiciariamente a Martínez, como informó la Cadena SER, la realización de 21 búsquedas a lo largo de varios meses en el sistema construido por Alcasec para procesar los datos de millones de ciudadanos que previamente habría estado extrayendo de bases públicas y privadas como la CNMC o la DGT. Ese rastro sitúa a Martínez, a ojos de los investigadores, como "beneficiario consciente" del material ilícito.

La defensa intenta rebatir la premisa razonando que "con independencia de la necesidad de acreditar el conocimiento que de su ilicitud tuviera" Martínez, para lo que necesita saber "a qué datos accedió", el hecho es que "podría tratarse perfectamente de una consulta profesional enmarcada y protegida por el secreto profesional abogado-cliente".

"No se supera el universo de la especulación y de la sospecha en lo que respecta a su participación en el entramado criminal, entramado que en cambio sí se describe con todo lujo de detalle (en el auto recurrido", apostilla la defensa. "¿No será que la imputación de D. Francisco Martínez es necesaria para completar el trío que permita hablar de organización criminal?", plantea.

En este sentido, rebate que esté acreditado siquiera indiciariamente que levantase el "blindaje legal" de la organización que apuntan los investigadores o el "blanqueamiento de la imagen" de Alcasec que también se le atribuye, entre otras cosas porque era su abogado y en su declaración detalló los esfuerzos realizados para reconducir su carrera "del cibercrimen a la ciberseguridad".

Por último, aduce que no se le han facilitado los "elementos esenciales" sobre los hechos que se le atribuyen que, de acuerdo a la ley, se deben facilitar cuando se produce una detención en una causa que está bajo secreto. Sostiene vulneración de derechos fundamentales a la defensa y a la libertad, al no tener herramientas suficientes para rebatir el ingreso en prisión preventiva.